Justicia para la inversión
Los 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, fueron seleccionados, entre otros, por la deficiente presencia institucional. Entre los principales retos institucionales en estas regiones está la prestación de servicios mínimos en el marco del imperio de la ley, la prestación de los servicios de justicia para todos y a la capacidad de hacer que se cumpla.
En mayo, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de ley de especialidad agraria y rural, que busca garantizar el acceso a la justicia en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza en el país. Esto tendría un impacto especial sobre los PDET, pues en estos municipios hay 6 jueces por 100.000 habitantes, además, el 81,2% de estos municipios tampoco cuentan si quiera con centros de conciliación.
La aprobación del proyecto daría un importante espaldarazo a la inversión privada ya que la posibilidad de acceder a instancias efectivas de justicia y resolución de conflictos mitiga el riesgo para las empresas. Además, para los ciudadanos en las regiones también ofrece una garantía, pues podrán acceder a una instancia de denuncia de malas prácticas por parte de las empresas así como delitos cometidos mediante falsas inversiones (estafas, contrabando, lavado de activos, narcotráfico, etc).
Un elemento clave del proyecto propuesto radica en la posibilidad de especializar juristas en uno de los orígenes de la violencia, las disputas en torno a la propiedad y uso de la tierra. Si la propuesta está alineada con los objetivos de la Reforma Rural Integral (de la que hace parte el PDET), consignados en el Acuerdo de Paz, también atiende a procesos que, con el avance de la formalización de predios y modernización de esquemas catastrales, surgen como cualquier otro trámite ante la justicia frente a los activos. En otras palabras, facilitaría que los procesos de formalización de la propiedad de la tierra en los municipios PDET estuvieran acompañados de la posibilidad de acudir a una instancia formal e institucional para dirimir conflictos en torno ella.
El Observatorio de Inversión Privada ha dejado ver que desde el año en que se dio la firma del Acuerdo de Paz, 2016, hay un aumento del 19% en el recaudo del impuesto predial en municipios PDET. Si bien esto podría atribuirse a mejor capacidad de recaudo por parte de las administraciones locales, también obedece a que más personas tiene título de las tierras y sobre ellas pagan sus impuestos. Después de todo, un título saneado sirve para, entre otras, acceder a créditos bancarios para inversión, lo que promueve crecimiento en las regiones.
Una vez termine su trámite en el Congreso, la ley de especialidad agraria y rural será un paso importante para la institucionalidad en los municipios PDET, que tendrán una instancia legal y especializada en una de las problemáticas más importantes en estas regiones. Además, para el sector privado, podría convertirse en una garantía a la hora de tomar decisiones sobre si invertir o no en regiones que necesitan de mayor presencia tanto de las instituciones como de las empresas.
